Vivimos tiempos de incertidumbre. Los que hoy estamos aquí hemos vivido una situación que viene a demostrar que aún perviven métodos y estrategias represivas que el sistema pretende convencernos de que están superadas. Por eso, además de la denuncia que hoy hemos tramitado, queremos reflexionar junto a la sociedad sobre una situación latente que nos afecta a todos: el constante e imparable deterioro de la democracia y el consiguiente aumento de la represión policial.
Nosotros hemos sido golpeados violentamente, detenidos injustificadamente y, una vez en el calabozo, hemos sido humillados, insultados, amenazados y amedrentados durante 48 horas, negándosenos incluso el agua o una manta. Estos graves acontecimientos no debería ocurrir en ningún lugar amparado por la democracia, sean los detenidos culpables de sus delitos o no. Este único hecho debería abrir ya un profundo debate en nuestra sociedad.
Pero más allá del trato sufrido, y de los posibles delitos que se hayan cometido sobre nosotros y que hoy hemos denunciado aquí, queremos incidir en que esta situación no representa para nada un hecho aislado o particular. La represión sobre el ciudadano la estamos viendo cada día, en pequeñas actuaciones que, sumadas, confirman una ideología de Estado que debe preocupar y movilizar a la sociedad:
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Estado de Derecho ficticio
Es propio de regímenes autoritarios proteger a sus torturadores. Y hoy, vemos como el gobierno indulta, por segunda vez, a cuatro Mossos d’Esquadra condenados nada más y nada menos que por torturas a un ciudadano que, para colmo, resultó ser inocente.
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Omitir responsabilidades
Y es propio de regímenes ajenos a la democracia mentir y no investigar aquellos hechos que ponen en evidencia su actuar contra derecho, o hacerlo sólo cuando la evidencia queda bochornosamente patente ante la sociedad. Así una mujer puede perder un ojo por un pelotazo de goma mientras la clase política niega la propia existencia de la pelota de goma; o una columna de policías puede irrumpir en la estación de Atocha de Madrid golpeando, amedrentando y atemorizando a los ciudadanos sin que ninguna responsabilidad sea exigida a sus ejecutores o incluso les condecoren.
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Criminalización de las legítimas protestas
El Estado, que debiera amparar al ciudadano, ahora ha invertido sus funciones para amedrentarlo y coaccionarlo. Y lo hace identificando y multando sistemáticamente a todo aquél que apoya una protesta o que, simplemente, estaba allí; y lo hace además descalificando el legítimo acto de protestar, llegando incluso a criminalizarlo acusando a los manifestantes de atentado contra las altas instituciones públicas.
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Privatización de la justicia
Como paso lógico de la represión se llega a un proceso para alejar la justicia del ciudadano a golpe de tasa, llenando así las arcas del Estado, depauperadas por la mala gestión de la clase dirigente.
Presupuestar la represión
Y el aumento de la represión queda a la luz con unos presupuesto generales que elevan en un 1.780% (sin errata) la partida destinada a la compra de material antidisturbios a la par que no se revalorizan las pensiones.
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Permeabilidad de los poderes
Como característica innegable de regímenes autoritarios debemos citar al poder judicial como una mera extensión del poder ejecutivo, y no como su complemento. Así, los detenidos del 25-S salimos de los juzgados con más cargos de los que la propia policía nos había imputado en sus atestados y después de pasar más tiempo del debido en el calabozo por el intento de no sé sabe qué instancia gubernamental de hacer que el poder judicial nos remitiera a la Audiencia Nacional, como si de terroristas nos tratáramos.
Pero también queremos denunciar aquí hoy las sanciones administrativas (multas) con las que se sanciona indiscriminada e injustificadamente a quien protesta o incluso a quien sin protestar pasaba por allí, persuadiendo así al ciudadano a que no se manifieste y sumando a la par miles de euros para las arcas del Estado. Denunciamos todas y cada una de las detenciones injustificadas que se pueden observar en casi cada concentración. Denunciamos las identificaciones arbitrarias. Denunciamos la brutalidad policial contra la ciudadanía que protesta por lo que considera por lo que es justo y legítimo.
Se podría seguir añadiendo ejemplos de esta deriva autoritaria del Estado, pero algunos de los puntos esenciales están ya reflejados.
Un gran porcentaje de ciudadanos, de todas las condiciones e ideologías, hemos llegado a un punto en el que, como ciudadanos, sentimos vergüenza: vergüenza al abrir los periódicos y ver cómo la corrupción campa a sus anchas, cómo el pueblo es ninguneado, cómo la codicia particular triunfa sobre el bien público y cómo los poderes públicos gobiernan de espaldas al pueblo, del que emana su legitimidad.
Queremos recordarles a esos mismos poderes públicos que la represión y la violencia no van a solucionar sus problemas, y que más bien es una muestra de debilidad de un Estado que languidece al no haber sabido o no haber querido estar a la altura de las circunstancias.
Denunciamos a la clase política que se preocupa de cómo engañar cada cuatro años para poder seguir sirviendo a los intereses oligárquicos del gran capital. Denunciamos cómo crean y utilizan cualquier asunto, incluido este, como cortina de humo y desviar la atención sobre los problemas estructurales y de fondo.
Esta es una llamada de atención para que los poderes públicos rectifiquen su modo de actuar. Pero también es una llamada de atención para que la sociedad reflexione sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad y si el estado actual de las cosas es el que verdaderamente queremos. Porque si nuestros representantes no ejercen como tales, y sólo miran por la forma de perpetuarse, tal vez sea hora de que la sociedad despierte, no se deje amedrentar y refunde los cimientos de la democracia.
En definitiva, denunciamos a los autores materiales e intelectuales de esta POLÍTICA DEL MIEDO, cuyo objetivo es amedrentar y desactivar a las personas, tanto a las más activas como a las que empiezan a concienciarse.
coordinadora25s.wordpress.com 