En los últimos años, muchas personas hemos padecido sanciones (o estamos en la lista de espera) cuando, en defensa de nuestros derechos básicos (sanidad, educación, vivienda, libertad de expresión, de concentración, de huelga, de manifestación y por la dignidad humana) y forzadas por unas circunstancias de las que somos víctimas, hemos sufrido en nuestras carnes la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
El 15M, la PAH, las huelgas, las mareas y la ciudadanía en general han dirigido sus protestas contra las carencias que todas las personas padecemos y contra el sistema que las causa. Ante estas protestas «radicales» el poder ha respondido con la represión social y política: Represión de las personas desposeídas y excluidas, y represión de aquellas que protestan.
Desde finales de los años 80, la legislación (Ley Corcuera, Leyes de extranjería, Reformas laborales, etc…) ha ido restringiendo los derechos fundamentales hasta llegar a las últimas reformas ( Ley mordaza, reforma del código penal, ley de seguridad privada) que dibujan un panorama en el que las libertades y el derecho a la protesta han quedado gravemente lesionados. Sabemos que con la aplicación de sus leyes, los de arriba protegen el robo de los bienes comunes y el genocidio de los pueblos. Nos matan… y cuando el pueblo responde lo reprimen; quieren que muramos en silencio.
La mayoría de las represaliadas durante estos años, y sobre todo desde el año 2007, son (somos) personas que deseamos una vida digna. Somos obreras, estudiantes, amas de casa, pensionistas, trabajadoras, que tan sólo pedimos lo que es nuestro: los medios para poder vivir una vida digna como corresponde al ser humano que somos. Medios existen en abundancia, pero nos son negados a la mayoría por leyes que legitima el expolio por parte de unos pocos.
Una solución excepcional para una situación crítica
No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física por lo que estamos sufriendo, No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social.
Por ello, lanzamos este llamamiento para exigir una AMNISTIA SOCIAL:
– Para que cesen las represalias contra las personas, por el solo hecho de pedir el fin de los desahucios, buscar comida en las basuras, y un largo etcétera de despropósitos que avergüenza a cualquier persona con un mínimo de dignidad.
– Para que SE DEROGUEN DE FORMA INMEDIATA todas las LEYES REPRESORAS y sobre todo de las últimas legisladas (La ley 1/2015 Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, La ley orgánica 2/2015 Reforma del código penal en materia de terrorismo.
En concreto, la AMNISTÍA SOCIAL supone:
• La supresión de todas las causas penales abiertas en los juzgados, derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales.
• La anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores, derivados de la intervención gubernativa, en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.
• La libertad, también, para todas las personas que desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político.
• La eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía (en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales, etc…). Libertad inmediata para todas las personas presas por estas causas.
• La desaparición de toda ficha policial y antecedentes penales archivados, que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo, como consecuencia de la crisis económica.
• La reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado.
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