Sufrimos un endurecimiento represivo en el que la norma es tratar a quienes se manifiestan o disienten a palos, con cargas, identificaciones, multas, detenciones e incluso con peticiones de gravísimas penas de prisión como a Alfon, a los anarquistas secuestrados el pasado 17 de diciembre o a un sinfín de sindicalistas. Esto responde a una falta de tradición democrática en la que el respeto a los ciudadanos y ciudadanas no existe. En lugar de servir al pueblo, de atenderlo o escuchar sus demandas, se le considera enemigo potencial, un sospechoso al que hay que abatir.
En el tercer Estado con menos delincuencia de Europa, que tiene más prisiones que hospitales, quieren llenar sus cárceles de disidentes, de dignos compañeros y compañeras de lucha. Sigue leyendo
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